domingo 28 de abril
Saltillo, Coahuila, MÁS. – A propósito de las campañas electorales a las alcaldías en Coahuila el inicio de los registros esta semana fue marcado por el retorno, a la luz pública, de la violencia política en razón de género y que inciden, por lo menos, en dos candidaturas.
Aunque por el momento no hay riesgo para que se pierda o cambie el registro, se trata de dos candidatos cuyo partido, Movimiento de Regeneración Nacional, a inicios de esta semana emitió un listado de candidaturas para las alcaldías de 26 de los 38 ayuntamientos de Coahuila, una es por San Pedro y la otra por Frontera.
Curiosamente, Edgar Gerardo Sánchez Garza y Roberto Clemente Piña Amaya, ambos candidatos, enfrentan un procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales por la presunta comisión del delito de violencia política en razón de género.
Las denuncias fueron interpuestas por dos mujeres que sintieron vulnerados sus derechos en el ejercicio de sus funciones en la diputación local y en la regiduría de un cabildo municipal, respectivamente, además de afectaciones a su persona.
La primera de ellas tipificada como agresión verbal, amenazas y acoso, y la segunda por omisión, discriminación y estereotipo de género, pero en los dos casos para prohibir el libre ejercicio de sus derechos políticos electorales y funciones públicas como legisladora y regidora suplente designada.
Sin embargo, también llama la atención que los casos referidos de denuncia de violencia política en razón de género hayan sido conocidos en pleno proceso electoral y solicitados por mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas al sentir vulnerados sus derechos político-electorales y considerar que está en riesgo su integridad física y emocional.
En ambos casos también se refuerza el interés al estar relacionados directamente con dos políticos que buscan ser, uno elegido y el otro reelecto por los municipios de San Pedro y Frontera.
No obstante, y en tanto que se realizan ambas investigaciones, los denunciados pueden hacer uso pleno de su derecho al ejercicio democrático de votar y ser votados, dicho de otra manera, inscribirse como candidatos a las alcaldías respectivas y realizar campaña.
Ello debido a que las investigaciones se llevarían por lo menos tres meses para el aporte de pruebas, testimoniales y relatoría de hechos, entre otros, para iniciar el procedimiento judicial de acuerdo con la clasificación que se le otorgue al delito cometido según esos datos de prueba.
Al respecto, fuentes consultadas en el sistema electoral y judicial estimaron que, en caso de resultar electos ambos políticos y si todavía no se cuenta con una sentencia de sus investigaciones, pueden ejercer el cargo como alcaldes.
Pero, una vez emitida la sentencia y resultaran culpables, tendrían que dejar el cargo y el proceso de elección de ambos municipios tendría que volverse a desarrollar; además de que serían inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un mínimo de 2 años dependiendo de la gravedad del delito.
Aspecto que les impediría participar por un tiempo no especificado en actividades electorales o públicas.
Desacato
Fue a mediados de marzo cuando se informó que, por omisión y posible desacato de ordenamiento legislativo y judicial para designar una regiduría suplente, el alcalde de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, podría ser investigado y sancionado.
El antecedente del expediente, de acuerdo con datos consultados, indica que en noviembre del 2023 falleció la octava regidora del cabildo de dicho municipio, Esperanza Guadalupe Martínez Maltos, que el secretario del ayuntamiento, Higinio Ortiz, en diciembre realizó el trámite ante el Congreso para la designación de la suplente, de nombre María Victoria García Reyes.
Por lo que el Poder Legislativo emitió entonces el decreto 035 aprobando la sustitución de la octava regidora de Frontera y designó a María Victoria García Reyes, ordenando, además, al ayuntamiento tomarle la protesta de ley.
No obstante, ambos funcionarios cayeron en omisión, pues hasta marzo, tres meses después, no habían hecho la designación o toma de protesta a García Reyes.
De ahí la presunción de que esa eventualidad podría derivar en un caso relacionado con el ejercicio de violencia política de género, omisión y discriminación por parte de un edil, por lo que este podría convertirse en el primer caso judicial que se ventila en el presente proceso electoral en el estado.
En consecuencia, María Victoria García Reyes en uso de sus derechos político-ciudadanos y de género acudió al Tribunal Electoral para denunciar al alcalde y secretario del ayuntamiento por omisión.
Entonces el organismo jurisdiccional, una vez que constató el incumplimiento de ambos funcionarios, les ordenó dar cumplimiento al decreto del Congreso “a efecto de garantizar el acceso efectivo al cargo y la debida integración del ayuntamiento de Frontera”, en favor de María Victoria García Reyes.
Al respecto, es importante destacar que antes el Tribunal Electoral había impuesto un apercibimiento público al secretario del ayuntamiento por incumplimiento de mandato, según el expediente TECZ-RI-01/2024, acto del que el sancionado interpuso un recurso de queja, la cual fue desechada porque el funcionario en ningún momento justificó el incumplimiento a lo que se le había ordenado.
El caso llegó a la tribuna legislativa y fue el diputado del Partido del Trabajo, Fernando Rodríguez González, el que propuso llamar al orden al alcalde por omisión y posible desacato para que realizara la designación y toma de protesta de la regidora suplente, además de proponer la aplicación de una sanción en contra del edil en funciones por su omisión y negligencia.
Violencia
El obstruir o impedir el acceso a un cargo es un hecho que puede ser constitutivo de violencia política de género consideró la magistrada Carla Verónica Félix Neira.
Lo anterior, con respecto a la omisión del alcalde y secretario del ayuntamiento de Frontera para dilatar la toma de protesta de una regidora suplente en el cabildo.
Luego de reconocer su desconocimiento si la persona afectada en sus derechos político-electorales para asumir un cargo haya interpuesto alguna denuncia por violencia política de género, la magistrada precisó que el Tribunal Estatal Electoral no actúa de oficio en estos casos, ya que es necesaria una denuncia.
María Victoria García Reyes tomó protesta como octava regidora suplente luego de más de dos meses de haber sido designada por el Congreso, sin embargo, interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral y ante el Instituto Electoral de Coahuila solamente por ver vulnerados sus derechos político-electorales, más no por la posible vulneración derivada de actos de violencia política en razón de género por parte del edil y el secretario del ayuntamiento, Roberto Piña e Higinio Ortiz, que fueron omisos en su designación.
Entonces la Magistrada Félix Neira comentó que, ante la denuncia, el Tribunal ordenó mediante sentencia que se le restituyera el goce de su derecho político electoral, tomarle la protesta de ley y acceder al cargo de regidora.
Inclusive mencionó que para la denuncia por posible violencia había dos caminos: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o el Instituto Electoral de Coahuila para que cualquiera de las dos instruyera el procedimiento.
La diferencia, dijo, es que la primera instancia puede determinar una sanción por delito penal, mientras que la segunda instancia determinaría una sanción administrativa, la cual puede eventualmente, en el caso de que se acredite, terminar con la inscripción de los funcionarios en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia, “el cual con las 3 de 3 y la 10 de 10 impediría que esta persona pueda acceder a un cargo”.
Temor a sanción
Ante el temor a ser sancionados por omisión, desacato y posible violencia política de género el alcalde y secretario del ayuntamiento de Frontera, días después, tomaron la protesta de ley a la regidora suplente, María Victoria García Reyes.
Una de las sospechas es que, este hecho podría afectar el futuro político del alcalde morenista en funciones, Roberto Piña Amaya, pues entonces se sabía que buscaría la reelección al cargo para un período.
Por parte del Instituto Electoral de Coahuila fue la consejera electoral Madeleyn Figueroa Gámez, quien además forma parte del Observatorio de la Violencia Política en Contra de las Mujeres, opinó al respecto.
Comentó que en IEC se tenía conocimiento del caso, sin embargo, el organismo no puede actuar de oficio y no tenía registro de denuncia al respecto.
“Sin embargo, puede denunciar o interponer una queja si lo desea la persona y, en caso de ser así, el expediente adquiriría la categoría de información reservada hasta en tanto se resolviera la investigación”.
Denuncia
Finalmente, y como coincidencia con el inicio de la etapa de registros de candidaturas ante el IEC, se supo que fue el 8 de marzo cuando la regidora suplente, María Victoria García Reyes, a quien entonces no se le había tomado su protesta de ley por parte del alcalde y secretario del ayuntamiento de Frontera, denunció a ambas personas por el delito de violencia política en razón de género.
De acuerdo con documentos obtenidos, la denuncia le fue recibida a María Victoria en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por lo que se abrió una carpeta de investigación.
Específicamente es por el delito de “violencia política contra la mujer por razón de género en contra del alcalde de ciudad Frontera, Coahuila, Roberto Clemente Piña Amaya, y del secretario de dicho ayuntamiento, Higinio Ortiz Escobedo”, dice el expediente.
En la queja también menciona haber recibido maltrato, discriminación, estereotipo de género, negligencia y dilación por parte de ambas personas derivado de su reclamo en diciembre, enero y febrero para asumir el cargo.
Hechos que la víctima calificó como omisión a sus peticiones “generando la violación a mis derechos político-electorales por razón de género”.
Otra víctima
Otro caso de violencia política de género, pero en el que se asigna seguridad a la víctima, está relacionado con un candidato a la alcaldía de San Pedro de las Colonias en el actual proceso electoral.
Se trata de una queja por violencia política en razón de género promovida ante el Instituto Electoral de Coahuila por la diputada Delia Hernández, actualmente en funciones en el Congreso por el partido Morena, y en contra del candidato del mismo partido a la alcaldía de San Pedro, Coahuila, Edgar Gerardo Sánchez, por la comisión de amenazas verbales, acoso y riesgo a su integridad física.
Por lo que el organismo electoral turnó el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y, en un primer momento, le otorgó al imputado una medida cautelar que consistió en una restricción para tener cercanía con la víctima a la que le asignó a través de la Secretaría de Seguridad Pública protección policiaca.
Aunque el incidente se presentó hace unas tres semanas y por ahora se desarrolla la investigación el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano, especificó que la persona denunciada puede registrar su candidatura y participar en campaña, pues hasta el momento no se tiene una sentencia en firme sobre ese asunto en específico.
Explicó también que la víctima se sentía en riesgo y, en el marco de coordinación que se tiene con las fuerzas de seguridad y el Estado se brindó la atención necesaria para que la diputada siga realizando sus actividades en el ejercicio de su cargo público.
Paredes Lozano mencionó asimismo que, una vez concluidos los registros de candidaturas el IEC iniciará el cruce de información para depurar las personas que estén suspendidas para participar en elecciones relacionadas con la temática 8 de 8 o 10 de 10 contra las personas que hayan cometido actos de violencia contra mujeres y la niñez.
En este aspecto pudiera quedar clasificado el candidato denunciado por la legisladora una vez que la sentencia sea emitida y, de resultar con culpabilidad de la comisión del delito de violencia política en razón de género, su registro de candidatura se podría revocar.
Investigaciones
La denuncia por supuesta violencia política en razón de género promovida por una regiduría del municipio de Frontera está en etapa de valoración del hecho y hacer la clasificación que se considere más pertinente, sin embargo, el caso pudiera extenderse por varios meses consideró el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de Coahuila, Alejandro González.
Acotó que una etapa es la que refiere al proceso electoral en sí, en la que las candidatas pueden sentir vulnerados sus derechos y pueden denunciar.
Pero que existe otra etapa que es en la que está el expediente de la regidora de Frontera en funciones, María Victoria, que tiene que ver con el ejercicio de su encargo y que puede pasar en cualquiera de los 38 cabildos de la entidad.
Luego de expresar que las personas consideran que fueron vulnerados sus derechos como el impedimento de uso de oficinas, el salario o la participación en las comisiones edilicias, reconoció que el caso pudiera llevarse varios meses de investigación, tomando en consideración el procedimiento como está diseñado, “pero lo primero que hacemos es analizar el hecho como tal para ver hasta dónde se pueden llevar a cabo las diligencias”.
Así ambos casos, que son los primeros que podrían considerarse como delitos relacionados con la violencia política de género en el proceso electoral de alcaldías al estar ligadas dos candidaturas.
Y de los que una fuente litigante electoral consultada menciona que, de proceder la denuncia, existen suficientes motivos para que a ambos personajes se les fincan responsabilidad y sentencia por la comisión del delito de violencia política en razón de género.
Y, en consecuencia, su candidatura sería revocaría y quedarían inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Con información de massinformación.com
