Aprueban diputados Ley de Protección Civil; deja a estados responsabilidad de actuar ante desastres naturales

Con 242 votos a favor de la mayoría legislativa de Morena, PT y PVEM, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que impone, a través de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, a estados y municipios utilizar sus propios recursos económicos y humanos para hacer frente a un desastre natural, además de apoyarse en voluntarios para auxiliar a la población afectada por un fenómeno natural.

"Las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada por la ocurrencia de una o más amenazas naturales", dice el documento.

El dictamen abroga la Ley General de Protección Civil de 2012 y crea una nueva ley que establece las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en la materia. El documento, que tuvo el voto de la oposición y la presentación de más de cien reservas, pasó al Senado de l República para su análisis y probable aprobación

"Corresponderá al Estado, por conducto de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, la organización e instrumentación de la política pública de la protección civil y gestión del riesgo de desastres. Los desastres derivados de las amenazas antrópicas no se cubrirán con recursos presupuestarios para la gestión de riesgos; su atención se sujetará a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables en materia de responsabilidad civil".

Indica que el Sistema Nacional de Protección Civil será un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades paraestatales entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil.

El Comité Nacional de Emergencias será la instancia de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de amenazas que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. Las entidades federativas deberán contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres. 

Con información de crónica.com